Por; Guillermo Caram; Guillermo@gcaram.com

Desde hace años se viene debatiendo la necesidad de una Reforma Fiscal. Al respecto conviene preguntare ¿De qué reforma fiscal hablamos aquí y en el ahora post-pandémico?

¿De una que modifique el sistema tributario para animar la economía e incrementar las riquezas  nacionales que haga viable la distribución de beneficios entre mayor proporción de la población y que además incremente recaudaciones por la mayor producción y puestos de trabajo generados?

¿O de las acostumbradas nuevas imposiciones para supuestamente incrementar  recaudaciones financiadoras de un déficit fiscal originado en un gasto publico expandiéndose sin observar la calidad requerida?

La reforma fiscal que necesita el país debe procurar aumentar la producción y el empleo basándose en la premisa que compete a la iniciativa económica particular proveer los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población.

Por vía de la mayor producción y empleo, habrá mas compras y ventas y, en consecuencia, aumentaran las recaudaciones puesta que producción, compras y ventas,  constituyen la base para la aplicación de los tributos.

No creemos pertinente inscribirse en un reforma fiscal que refuerce el rol predominante del Estado en la economía, como apuntan los que conciben la  reforma fiscal únicamente como vía para aumentar la presión fiscal; creyéndose, erróneamente que  aumentando tributos y tasas se aumentarán  recaudaciones al suponerlas elásticas con el crecimiento de variables económicas.

Y justificándose en financiar un gasto público expansivo, independientemente de su calidad, con el que argumentan cumplir roles sociales de un Estado centralizador; lo cual nunca han llegado a alcanzar en las numerosas “reformas” previamente emprendidas.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno se intensificó el debate, aun cuando las nuevas autoridades han mostrado vacilaciones al respecto: A veces propician dicha reforma pero otras, u otros funcionarios, argumentan que por la pandemia no hay condiciones para ello.

Contrariamente a lo funcionaros que sostienen la impertinencia de la reforma fiscal, creemos que la crisis económica que ha desatado la mala administración de la pandemia sanitaria hace imperativo abordarla sin mayores dilaciones.  Son precisamente las crisis las que brindan las oportunidades para resolver los problemas estructurales y coyunturales que viven las sociedades.

A la tesis de algunos funcionarios sobre la impertinencia de la reforma fiscal por la pandemia se suman sectores de la sociedad – profesionales, empresarios, ciudadanos, etc – atemorizados y traumatizados por las últimas reformas implementadas en el país que han conllevado aumento de figuras tributarias y tasas, contrariando  la adecuada concepción de una reforma para aumentar producción y empleo.

Estos temores, traumas y prejuicios, se encuentran abonados por la errónea idea que una reforma fiscal contempla solo los aspectos tributarios, sin incluir el gasto; lo cual no es correcto. Toda reforma fiscal bien entendida tiene dos componentes: lo tributario y el gasto.

Por otra parte, la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que la Reforma Fiscal debe ser pactada dentro de los mecanismos de concertación establecidos en nuestra constitución con participación de agentes productivos. Al ser pactada y participativa, brinda oportunidad de disipar estos temores y de maximizar las iniciativas y aportaciones de agentes productivos al crecimiento económico; convirtiéndose en entes activos del mismo en lugar de componentes pasivos.

La reforma fiscal que necesitamos, para aumentar la producción y el empleo, y por esa vía las recaudaciones, necesita disipar esos temores y prejuicios para concitar respaldo ciudadano.

La forma mas expedita para ello es comenzar por el componente del gasto de la reforma fiscal, para mejorar su composición y calidad; sobre todo porque el gasto público de hoy no tiene la estructura requerida para impulsar el crecimiento y desarrollo económico como se observa en el siguiente cuadro en el que procesamos las informaciones detalladas correspondientes a los dos primeros meses del año, únicos disponibles en el portal DIGEPRES.COM.DO:

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO ENERO Y FEBRERO 2021

en millones de RD$ pesos

OBJETO DEL GASTO GASTOS EFECTUADOS % del Total

I.                  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,241 35

Ayuda a personas 10,580

A instituciones descentralizadas 12,544

A los Ayuntamientos 2,098

A empresas Publicas como la CDEEE 5,890

II.                 REMUNERACIONES Y CONEXOS BUROCRÁTICOS 32,681 27

III.                SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,561 26

Interna 15,672

Externa 15,778

Disminución de cuentas por pagar y de pasivos 1,111

IV.                COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 11,489 9

Servicios 5,015

Materiales y Suministros 6,312

Bienes Muebles e Inmuebles 162

V.                 GASTOS DE CAPITAL 2,946 3

Construcciones de Obras 639

Transferencias de Capital 2307

122,918 100

Como puede observarse, durante los dos primeros meses del año el 97% del gasto se aplicó a partidas corrientes y amortización de deudas. Solo 3% a inversiones de capital.

Con un 3% de inversiones de capital resulta imposible incrementar el acervo de activos que se requiere para acrecentar la producción nacional.

De allí que para mejorar la estructura del gasto se requiere disminuir las partidas corrientes compuestas principalmente por transferencias corrientes que incluyen subsidios (35%),  gastos burocráticos (27%), el servicio a la deuda pública (26%) y el  las compras y contrataciones de bienes y servicios gubernamentales (9%).

El primer paso pues, para que la ciudadanía supere temores y respalde una reforma fiscal sería mejorar la calidad del gasto hasta convertirlo en un estimulando al pago de tributos por parte de ciudadanos.

En este sentido procedería:

1.        Congelar puestos y salarios, incluyendo remuneraciones complementarias  – sueldos, sobre sueldos, viáticos, gastos de representación, uso de tarjetas, uso de vehículos, combustibles, etc – que consumen mas de RD$ 16,300 millones mensuales del presupuesto nacional, sometiéndose a las disposiciones de las leyes  87-01 de función pública 105-13.

2.       Ello requeriría previamente reorganizar el aparato burocrático conforme se establece en la ley 247-12 orgánica de la administración pública y a las disposiciones de administración financiera establecidas en la ley 423-06 orgánica de presupuesto, especialmente en lo referente a supeditar los gastos a recaudaciones efectivas.

3.       Revisar profundamente al sistema de ayuda a personas que consumen  aproximadamente  RD$ 5,300 millones mensuales como parte de las transferencias corrientes, para evitar usos indebidos de ésta partida (ej: ayuda privilegiada a artistas), desaliento a productores, inhibición de capacidad de emprendimiento, estímulo al ocio ciudadano, delincuencia (por aquello que “el ocio es la madre de todos los vicios”) corrupción y privilegios en los mecanismos de distribución, etc.

4.       Instar a aquellos organismos descentralizados cuyos gastos sean cubiertos en un 50% o mas de las transferencias corrientes del Presupuesto, que se elevan a cerca de RD$  6,300 millones mensuales, que se sometan a una disciplina financiera para hacer honor a su carácter autónomo; o de lo contrario, proceder a suspender dicha autonomía.

5.       Exigir a los Ayuntamientos que absorben transferencias por mas de RD$ 1,000 millones mensuales, a que ciñan estrictamente sus gastos a las estipulaciones de la ley 176-07 de organización municipal

6.       Requerir a las empresas públicas como las eléctricas, que como empresas deberían ser rentables pero que sin embargo recibe asistencia financiera mensuales del Presupuesto  por cerca de RD$ 3,000 millones,

7.       Someter las compras de bienes y servicios gubernamentales, que mensualmente consumen cerca de RD$ 5,700 millones, a las disposiciones de la ley 340-06; mejorando su calificación puesto que conviene señalar que durante el año 2020, la mitad de las compras gubernamentales se  calificaban bajo la nebulosa partida de “otros” altamente susceptible del cometimiento de prácticas corruptas.

8.       Adoptar estas disposiciones podrán reducir los déficits gubernamentales y en consecuencia el endeudamiento, interno y externo, que en conjunto están consumiendo cerca de RD$ 16,000 millones mensuales. Al despejar la posibilidad de nuevos préstamos, se viabilizaría  renegociar las deudas para aliviar cargas presupuestarias.

Estas disposiciones, como paso inicial del gobierno enmarcada dentro de la reforma fiscal que necesita el país, además de resultar impactante en la fiscalidad y en la economía, concitarán las simpatías y entusiasmo ciudadanas para que dicha reforma pueda seguir adelante.

Mas aún si el gobierno adopta disposiciones tributarias por vía administrativa o sometiendo al congreso nacional la implementación por etapas del componente tributario de la Reforma Fiscal.

En un primer tramo podría contemplarse:

9.       Eliminar todas las exoneraciones concedidas por vía administrativa, es decir, al margen de sanciones congresionales; y someter a revisión aquellas amparadas en leyes y en contratos sancionados por el Congreso Nacional

10.     Adoptar medidas estrictas para la eliminación del contrabandos, incluyendo especialmente aplicaciones discriminatorias de disposiciones tributarias

11.     Simplificación de trámites de tributación, unificando o prescindiendo de declaraciones y formularios repetitivos

12.     Simplificar los pagos de anticipos, reduciendo tasas y espaciando los plazos para que sean trimestrales o semestrales

13.     Eliminar el pago de intereses sobre los depósitos bancarios de personas físicas

14.     Reducción de la tasa del ITBIS al 10%, universalizando su aplicación

15.     Revisar la ley de combustibles, estableciendo un impuesto único y abandonando la fijación de precios a consumidores y de márgenes de ganancia a distribuidores; dejando que los precios de venta sean determinados por la competencia.

Así, podría lograrse una reforma fiscal con respaldo ciudadano.