Un gran dilema encaran las autoridades: Definir el modelo de gasto público, piedra angular de toda política económica, que seguirá de ahora en adelante cuando comienza plenamente su ejercicio gubernamental.

¿Continuarán el asistencialismo determinado por subsidios y burocracias que consumen recaudaciones practicado por sus predecesores o lo cambiarán para invertir más en propulsar crecimiento económico para el desarrollo que lo haría menos necesario?. ¿Sopesarán adecuadamente en qué medida deberán contar con la inversión privada como propulsora?.

A juzgar por el gasto público y otras disposiciones gubernamentales se puede concluir que el gobierno: 1) sigue inscrito en el asistencialismo practicado por sus predecesores, 2) sacrifica el gasto de capital-infraestructura, financiamientos, etc- estimulador de la actividad privada de producir bienes y generar puestos de trabajo y 3) apuesta desproporcionadamente que mediante APPs se puedan lograr las inversiones necesarias para reactivar la economía.

Al 5 de marzo del presente año, los gastos corrientes alcanzaron RD$122mil millones, representando 97% del gasto total; encaminándose a cumplir la meta presupuestada de RD$768 mil millones, considerando los gastos extraordinarios del mes de diciembre. En enero/21, único mes que el portal electrónico de DIGEPRES reporta cifras mensualmente detalladas de ejecución, el gasto corriente se mantuvo exactamente igual que en Enero/2020-RD$48, 500 millones- permitiendo inferir la continuación del asistencialismo instituido por sus predecesores.

Mientras, el gasto de capital en enero/2021 constituyó solamente 3% del total, al disminuir drásticamente a la doceava parte de enero/2020. No parece que cumplirá la meta presupuestaria. Al 05/03/21 apenas alcanzaba RD$4097 millones que anualizado equivaldrían a RD$ 23,365 millones:20% de los RD$123,158 presupuestados para 2021.  Las construcciones, componente estratégico del gasto de capital, apenas consignaron RD$2 millones lo que hace parecer imposible que se pueda lograr invertir los RD$30,500 millones presupuestados.

Al parecer, el gobierno apuesta que las APP compensen esta abrupta caída de las inversiones de capital que indefectiblemente se necesita para incrementar producción y puestos de trabajo.

Solo que al tratarse de un sistema novedoso, excesiva y complicadamente reglamentado, con precedentes desfavorables; se corre el riesgo que no respondan con la magnitud y celeridad debidas a las necesidades.  Y nos quedemos sin el gasto de capital necesario para activar economía.

Si asi resultare, el gobierno se vería en una grave encrucijada: no solo habría fracasado en su apuesta insignia sino que, al no activarse la producción, se incrementaría déficits en balanza comercial, no se generarían puestos de trabajo aumentando la demanda de empleos públicos y otros servicios que hubieran podido prestarse a través de la seguridad social; generándose más gastos asistencialistas provocadores de defictis y endeudamiento.

Y obstaculizadores del crecimiento y el desarrollo.