El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra de los implicados en el caso Coral, que tiene como principal imputado al mayor general Adán Cáceres Silvestre.

La audiencia está siendo conocida por la jueza Keila Pérez Santana, apodera para el control de las investigaciones del caso Coral, en el salón de audiencia de la Primera Sala Penal de esa jurisdicción.

Con la revisión obligatoria de la medida de coerción se busca confirmar o revocar la decisión dictada por la jueza del Juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, Kenya Romero, que además declaró el caso complejo.

Además de a Cáceres Silvestre, la revisión de la medida es también conocida a la pastora Rossy Guzmán, a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, al coronel policial Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

Otro implicado es Alejandro Girón Jiménez, a quien le fue dictado arresto domiciliario, siendo este el testigo clave de la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de Persecución y de Persecución.

En contra de este grupo, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva y dispuso su envío al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres.

Según la acusación, el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina, es acusado de dirigir un entramado de corrupción que utilizó como testaferros a la pastora Guzmán Sánchez y a personas de su cercanía.

Al alto oficial se le imputa enriquecimiento ilícito por más de tres mil millones de pesos.

La red, alega, usaba las empresas Shalom Tierra de Paz, la Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman, Inverosa, CSNA Universo Empresarial, Raffis Drink Club, RMG Rapifarma, Rummy Restaurant &Lounge, Aldom Glass Alumimiun, Randa Internacional Company EIRL y Único Real State e Inversiones, para el lavado de activos.

Fuente: Listin Diario