Por mucho tiempo en República Dominicana se ha advertido desde distintos sectores que el gobierno que resulte electo en las elecciones de 2024 se encontrará de frente con un tema de debate candente: la necesidad de realizar una reforma fiscal.

Abordarlo en campaña no resulta cómodo para ningún aspirante a la primera magistratura de la nación, especialmente porque desde que se menciona se piensa que se elevarán los impuestos, y que los más afectados serán los pobres y la clase media. Nadie quiere cargar con la “factura” antes de las votaciones.
En las elecciones del 19 de mayo uno de tres partidos mayoritarios con opción de poder tomará el timón del manejo del Estado. Los partidos son el Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su programa de gobierno 2024-2028 no aborda directamente el tema de realizar una reforma fiscal, pero se mencionan aspectos que podrían influir en ella. Por ejemplo, se propone la reducción de impuestos para los empresarios que participen en el programa de primer empleo para jóvenes recién egresados, así como el incremento de la inversión pública en infraestructura. Aunque no se menciona una reforma fiscal integral, se vislumbran medidas que podrían tener impacto en el sistema tributario y financiero del país.

Por otro lado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en su Programa de Gobierno, indica que en la gestión 2020-2024 priorizó la estabilización económica y el fortalecimiento de los pilares sociales y de la nación. Aunque se decidió aplazar la discusión sobre la reforma fiscal durante ese período, se compromete a abrir el diálogo sobre una reforma fiscal integral para el período 2024-2028. Esta reforma –de la que habla el PRM- buscará un sistema tributario más justo y eficiente, así como el adecuado manejo y regulación de la importación de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética y la eficiencia económica.

En cuanto a la Fuerza del Pueblo (FP), propone abrir el diálogo para establecer un pacto fiscal que garantice un aumento de las recaudaciones en un 2% del producto interno bruto (PIB), sin necesariamente aumentar los impuestos a los ciudadanos. Además, propone mejorar las recaudaciones mediante tecnologías para el manejo de datos e inteligencia artificial, así como revisar el Código Tributario para mejorar los derechos de las personas en su interacción con la Administración Tributaria. La FP también destaca la importancia de promover la equidad del sistema tributario y bajar la evasión fiscal como parte de su estrategia para fortalecer la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo.

Más allá de los enfoques específicos de cada partido, el tema de la reforma fiscal sigue siendo un punto crucial en la agenda política del país, con implicaciones significativas para el futuro económico y social de República Dominicana.

En cuanto al contexto económico dominicano, las principales fuerzas políticas coinciden en el abordaje económico en destacar que la economía ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas, con un promedio cercano al 5% medido a través de su producto interno bruto.

Ojos de otras caras, no políticas

La discusión sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en República Dominicana ha sido objeto de análisis y opinión por parte de diversos expertos y líderes económicos. Entre ellos se destaca el economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos; Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), entre otros.

Según Ciriaco, una reforma fiscal es esencial para mejorar los servicios públicos y transformar los recursos estatales en mejoras tangibles para la población. Además, destaca la necesidad de evaluar tanto el beneficio político como el costo político de una reforma fiscal, recordando casos históricos como la aprobación del 4% para la educación por parte del presidente Danilo Medina.

En tanto, Magín Díaz, en un artículo publicado ayer en el periódico elCaribe indica: “Un aumento de impuestos parece inevitable. No hay forma bonita de decirlo. El diagnóstico es claro: El déficit estructural del Gobierno Central ronda los RD$ 240,000 millones al año (3.5% del PIB) y el déficit consolidado ha fluctuado en los últimos veinte años en el rango de 4-5% del PIB (…)”.

Y agrega: “Quien resulte ganador de las elecciones, tendrá desde el punto de vista macroeconómico, argumentos fuertes para someter una reforma tributaria. Pero el análisis no puede detenerse ahí. Un alza de impuestos de la magnitud que el propio Gobierno intentó hacer en 2021 requiere una reflexión profunda de lo que está pasando con los ingresos fiscales”.

El economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), coincide con otros de sus colegas, respecto a la necesidad de la reforma. Destaca la importancia de una ley de responsabilidad fiscal y reglas fiscales que brinden orden y estabilidad, así como la simplificación del sistema tributario para los emprendedores.

Collado Di Franco señala que el Gobierno electo en 2024 no puede postergar más esta reforma. l

Empresario, el BM y visión de ministro

José Miguel Bonetti, presidente de Mercasid y perteneciente al Grupo SID, también ha respaldado la idea de una reforma fiscal. Cuando se ha referido al tema destaca el déficit fiscal como uno de los principales desafíos que enfrenta el país y aboga por un sistema tributario más justo que proporcione estabilidad para el desarrollo empresarial. Bonetti enfatiza la importancia de garantizar un escenario con reglas claras para que las empresas compitan en igualdad de condiciones.

Desde la esfera gubernamental, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, ha reconocido al periódico elCaribe la necesidad de una reforma tributaria, al igual que el Banco Mundial (BM) en un informe. El BM propone eliminar exenciones fiscales y ampliar la base impositiva como una prioridad para garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.