Un debate ha generado la declaración de Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas (CC), sobre que en múltiples ocasiones ha tenido que hacer “lo que diga el pleno, aunque esté en contra de la ley”.
A raíz de ello, en el Senado se debatió este miércoles entre invitar al pleno para que explique lo sucedido o si debe ser sometido a un juicio político, un proceso en el que se somete a un funcionario público acusado de cometer algún acto ilícito dentro del ejercicio de sus funciones
¿Qué dice la Constitución dominicana sobre este tipo de juicio?
De acuerdo con el artículo 83 de la Carta Magna, dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados está denunciar a estos servidores públicos escogidos por voto popular o “por el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura”, que comentan faltas de gravedad mientras ocupan el cargo gubernamental.
Posterior a la denuncia, el Senado juega un rol de “conocer la acusación” y, si aplica, la persona acusada será sometida a juicio ordinario con arreglo de ley. Solo llegará a juicio si dos terceras partes del senado se ponen de acuerdo, según lo establecido por el artículo 80.
También establece que “la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años”.
Janel Ramírez sacó a la luz varias inconformidades con el pleno de la Cámara de Cuentas durante una entrevista el martes en el programa El Día. Dijo sentirse como “un preso de confianza” desde su posición.
El presidente de la CC también denunció que en una ocasión, el pleno llegó a tomar decisiones sin su presencia, hecho que catalogó como “un golpe de Estado”.
Tras emitir esta declaración, Ramírez reconoció que la institución que encabeza está sumergida en un estado de “ingobernabilidad”.