James busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos, además de prohibir permanentemente que Trump y sus hijos mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York. También solicita cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado. Trump ha descrito a James como una «fiscal rebelde» que, según él, está llevando a cabo una investigación «vengativa y egoísta». La Organización Trump calificó sus acusaciones prevoas de «infundadas» y negó cualquier delito. En respuesta al anuncio de este miércoles, Alina Habba, abogada de Trump, dijo en un comunicado a CNN: «El documento judicial de hoy no se centra ni los hechos ni en la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal General. Está muy claro que la la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad». El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante, se negó a comentar. La demanda civil llega cuando Trump se encuentra bajo una creciente presión legal, a medida que los fiscales avanzan en investigaciones que se acercan cada vez más a su círculo íntimo. Trump se enfrenta a numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales, que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado todas las acusaciones