James busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos, además de prohibir permanentemente que Trump y sus hijos mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York. También solicita cancelar el certificado corporativo de la Organización Trump que, de ser otorgado por un juez, podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado. Trump ha descrito a James como una «fiscal rebelde» que, según él, está llevando a cabo una investigación «vengativa y egoísta». La Organización Trump calificó sus acusaciones prevoas de «infundadas» y negó cualquier delito. En respuesta al anuncio de este miércoles, Alina Habba, abogada de Trump, dijo en un comunicado a CNN: «El documento judicial de hoy no se centra ni los hechos ni en la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal General. Está muy claro que la la Oficina de la Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad». El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante, se negó a comentar. La demanda civil llega cuando Trump se encuentra bajo una creciente presión legal, a medida que los fiscales avanzan en investigaciones que se acercan cada vez más a su círculo íntimo. Trump se enfrenta a numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales, que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Trump ha negado todas las acusaciones

RD.- El Poder Ejecutivo emitió dispone los beneficios de pensión del Estado dominicano y jubilación a 1,333 a servidores públicos, extrabajadores cañeros y afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Las pensiones están contenidas en los decretos número 538-22 y 539-22 dados a conocer este miércoles.

El menor grupo de pensiones es de 84 y corresponde a trabajadores cañeros extranjeros, con un monto de 10,000.00 pesos, amparados por la Ley número 1896 sobre Seguros Sociales.

Mediante el Decreto  538-22, el presidente Luis Abinader concede el beneficio de jubilación y se asigna una pensión del Estado dominicano por antigüedad en el servicio a 685 servidores públicos, que oscilan entre los 10,000 y 80,000 pesos mensuales.

También, se concede el beneficio de jubilación y se asigna pensión a 3 servidores públicos de 10,000 pesos y se elevan las pensiones asignadas por el Estado a 14 servidores públicos, entre 15,720.00 y 80,000.00 pesos.

En tanto que, mediante el Decreto 539-22 se concede una pensión del Estado dominicano por un monto de 10,000 pesos mensuales a 561 afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), con más de 300, pero con menos de 400 cotizaciones validadas.

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