RD.- La Junta Central Electoral (JCE) expresó este viernes su firme oposición a la propuesta de reducir nuevamente el financiamiento público asignado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el presente año.
Mediante un comunicado oficial, el organismo electoral recordó que, de acuerdo con el artículo 224 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, en un año no electoral como el 2026, el Estado debe destinar el equivalente al 0.25% de los ingresos nacionales para el financiamiento de las organizaciones políticas.
Sin embargo, la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2026, promulgada el 16 de diciembre de 2025, estableció una asignación de solo 0.12%, es decir, menos de la mitad de lo que establece la ley electoral. Ahora, una nueva propuesta busca reducir aún más esta partida.
La JCE advirtió que esta reducción adicional afectaría gravemente la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos políticos, así como el cumplimiento de obligaciones ya contraídas con base en la ley y en la Resolución 01-2026 de la propia Junta.
“El sistema de partidos políticos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral”, explica el comunicado.
Asimismo, la JCE destacó que una eventual reducción impactaría negativamente los principios de certidumbre, legalidad, equidad en la contienda, seguridad jurídica electoral y el propio ejercicio de la democracia.
El comunicado recuerda que los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República otorgan a la Junta Central Electoral la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de los procesos electorales, así como velar por el uso transparente del financiamiento público.
Para concluir, el organismo electoral advirtió que la estabilidad del sistema de partidos y la equidad en la contienda dependen directamente de que las autoridades actúen bajo el mandato de la ley. Por ello, hizo un llamado urgente a respetar el ordenamiento constitucional para no comprometer el ejercicio democrático en el país.
Fuente: NAT
