“La injerencia política en el área administrativa afecta el cumplimiento de las estrategias de desarrollo institucional y de seguridad ciudadana nacional que da como resultado desorganización, desmotivación y descontento dentro de las filas del instituto castrense de la población”, expone el informe como parte de sus conclusiones.

También se encontró que existe una distorsión entre la función de la Policía, las estrategias sociales de seguridad ciudadana y la interacción con la comunidad dirigidas a proteger y servir a la ciudadanía, “siendo torcidas en actividades de seguridad del siglo XIX, dirigidos a asegurar y garantizar la integridad de un segmento de la población”.

En el área de soporte y control, el estudio de la UNODC resalta que la unidad aérea policial está totalmente inoperativa desde hace siete años por falta de presupuesto, que los vehículos (motos y patrullas) que existen no dan abasto para las operaciones en todo el país, que no existe stock de piezas automotriz para mantener una operación constante y que el proceso de adquisición de bienes y servicios es lento, lo que dificulta la operatividad. También advierte una carencia de personal en esa área.

En la Dirección de Asuntos Internos hacen falta vehículos para poder hacer su trabajo, y cuenta apenas con tres vehículos nuevos para cubrir todo el país. Además, le faltan equipos tecnológicos para hacer trabajos de vigilancia, (cámaras, videograbadoras, drones, celulares); “las unidades utilizan sus teléfonos personales para realizar investigaciones”.

Del presupuesto de la Policía indica que el 85 % se concentra en la nómina, mientras en transporte, segundo rubro con mayor monto, se destina un 7.04%. “El presupuesto asignado no es suficiente para cubrir las necesidades de equipamiento, mantenimiento de infraestructuras, soporte logístico y capacitación que requiere una institución policial del siglo XXI”, plantea el documento.

Incluso en su dirección de Tecnología de Información y Comunicación, la Policía no cuenta con equipos de tecnología de punta y adecuados para el desarrollo de las labores, y la que tiene no está homologada en los distintos departamentos, por lo que se evidencia una deficiencia de comunicación con los puestos de difícil acceso, dice.

Además de su análisis dentro de la institución, el informe de UNODC también toma en cuenta aspectos de otras dependencias estatales que tienen que ver con la seguridad. Tal es el caso del Viceministerio de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, que tiene como responsabilidad proporcionar y gestionar la ejecución de las políticas públicas de prevención de seguridad ciudadana en los municipios y las provincias, así como también los programas de prevención de la violencia, delitos y crímenes, y fomentar la convivencia pacífica.

“A la fecha de la visita no se había conformado la Mesa Nacional de Seguridad Ciudadanía y Género, Sólo 10 Mesas Locales de las 158 estaban montadas y funcionando, 32 municipios no cuentan con fiscales, los atienden fiscales itinerantes, algunos municipios carecen de presencia policial y en muchos otros con muy escasa presencia en la calle, dificultándose las labores preventivas”, plantea.

Como recomendación general la UNODC propone la refundación del cuerpo de la Policía Nacional en un plazo de ocho a diez años, establecido por etapas con un periodo de transición de la antigua a la nueva policía.

Ese plan debe basarse en la implementación de la reglamentación de la ley 590-2016, tomando en cuenta varios reglamentos institucionales; darle mayor participación a la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de dichos reglamentos institucionales, como los casos de ascensos, traslados y disciplinarios; reestructurar el presupuesto policial, redistribuir el personal, entre otros aspectos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, quien preside el equipo de trabajo, sugirió la integración de una comisión independiente para acompañar y dar seguimiento a los casos disciplinarios que se encuentran en curso ante las instancias encargadas de ese tipo de faltas.

El grupo de trabajo informó que ha elaborado un anteproyecto de reglamento para esas comisiones al Consejo Superior Policial. El Ministerio de Interior y Policía acogió la propuesta de contratar a los expertos Carolina Ramírez, Lilian Bobea y Daniel Pou para desarrollar esas tareas.

Solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría de los procesos de la gestión del control interno de la PN. El pleno de esa entidad acogió el pedido y designó a seis profesionales para realizarla, quienes ya se encuentran trabajando en las oficinas policiales.

El equipo recibió de la Dirección General de la Policía los reglamentos internos elaborados hasta la fecha e iniciaron un proceso de revisión. Remitieron al Consejo Superior Policial un proyecto de Reglamento de Aplicación General de la Ley de la Policía Nacional y el anteproyecto de reglamento sobre el uso de la fuerza policial, considerado un recurso “excepcional”.