Implicados en Caso Coral recurren a intimidación para entorpecer pesquisas

Parte de la red de corrupción atribuida al mayor general Adán Cáceres se mantiene operando y utiliza su poder para amedrentar a personas e impedir que el Ministerio Público continúe avanzando en su investi- gación, de acuerdo con las informaciones reveladas ayer por Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para explicar el nivel de peligrosidad de la estructura descubierta a lo interno de los órganos especializados de seguridad, la procuradora Yeni Berenice dijo lo siguiente: “Tengo 18 ochos en el Ministerio Público y el único caso que me ha obligado a cambiar mi estilo de vida es este”. También refirió el hecho de que dos personas de la Fuerza Aérea le daban seguimiento y tenían fotos de su casa, entre otros datos.

Reveló, además, que hay integrantes de la red que, alegadamente, se han dado a la tarea de amenazar a personas que han estado administrando los bienes de las empresas y propiedades que fueron ocupadas al entramado durante la Operación Coral.

Indagatorias avanzan

Según las revelaciones de Yeni Berenice, a pesar de las amenazas e intimidaciones puestas en marcha por los miembros del entramado, las pesquisas no se han detenido. Especificó que actualmente está bajo investigación una exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Supuestamente, durante la gestión de esa exfuncionaria, en el Conani se replicó lo mismo que se hacía con las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde operaba el entramado. Pero además, Yeni Berenice dijo que el imputado Rafael Núñez de Aza fungió como director financiero de Conani aunque no aparecía registrado como tal.

“De Conani es horrible el impacto que tiene. Decimos lo de Conani porque también hemos descubierto, en el transcurso de la investigación, que Núñez de Aza también fue el director financiero del Conani, a pesar de que no aparecia en los registros públicos y esto, robarse y distraer dinero del Estado que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van a Conani, es un crimen atroz”, expresó Reynoso.

Otra de las novedades mencionadas por Yeni Berenice es que, también está bajo investigación una empleada suspendida de la sucursal del Banco de Reservas de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. Supuestamente esta empleada recibía prebendas para realizar transacciones para los miembros del entramado corrupto.

Reynoso calculó que hasta ahora han determinado que la red de corrupción, sindicada al mayor general Adán Cáceres Silvestre, tuvo operaciones por más de RD$700 millones.

“Cuando preliminarmente el monto era inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que le hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes”, precisó.

La acusación

En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.

En el caso están imputados además de la pastora Rossy y el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que entre las entidades que fueron incautadas por las autoridades y que supuestamente sirvieron para lavar el dinero de la corrupción, figura la Fundación Campesina Madre Tierra, la empresa Único Real State, entre otros bienes millonarios que son atribuidos a los miembros de la estructura desmontada en la Operación Coral.

Ratifican prisión a imputados

Los jueces de la Segunda y Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron la petición del Ministerio Público y desestimaron los recursos de apelación interpuestos por tres de los implicados en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Coral, que buscaban que se les varíe la prisión preventiva de 18 meses. Las apelaciones fueron depositadas por el coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero Cruz y Tanner Flete Guzmán, que solicitaban una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria o libertad condicional. “La Corte acogió los planteamientos del Ministerio Público, los cuales no adolecían de ninguno de los defectos que los imputados alegaban”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho. Manifestó que los planteamientos de los abogados de los implicados en el caso Coral son improcedentes. De su lado, Israel Rosario, abogado de Montero Cruz, sostuvo que esa ha sido una decisión desacertada, por considerar que, a su juicio, no se garantizaron los derechos fundamentales y tampoco se respetó la Constitución de la República. Mientras que Félix Portes, representante legal de Rafael Núñez de Aza, señalado como el brazo operativo del general Adán Cáceres, indicó que solicitarán una nueva revisión de la medida. En el caso de Flete Guzmán, la decisión se tomó por mayoría de votos de los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aunque tuvo el voto disidente de la presidenta del tribunal, Isis Muñiz. Esta jueza entendía que se debía variar la coerción por una garantía económica, tras considerar que el imputado tiene suficientes arraigos para no sustraerse del proceso judicial.

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