Financiamiento a campañas políticas no podrá exceder los RD$9 millones
La proclama emitida por la Junta Central Electoral (JCE) da el primer banderazo a los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas para intensificar su campaña de cara a las elecciones presidenciales y congresuales que se celebrarán el 19 de mayo.
Oficializada el viernes, la proclama impone una reglamentación estricta para las candidaturas y la clase política, que va desde topes en gastos para el proselitismo hasta la fiscalización de los recursos que se utilicen para promocionar a los aspirantes.
El tope de gastos es de 122.50 pesos por cada uno de los 8,145,548 electores hábiles, lo que equivale a 997,829,630 millones de en total por candidato.
Un punto destacable en la proclama electoral es la limitación a los aportes financieros que podrían recibir los candidatos presidenciales y que, según el documento, no debe exceder los RD$9,978,296.30 por postulante.
Para robustecer su medida, la JCE ordenó a los partidos que, antes del próximo 21 de junio, entreguen un desglose y un informe sobre los recursos que recibieron y además dispone que el dinero sobrante sea utilizado para la formación política de los militantes.
La proclama de la Junta remite a la Ley de Régimen Electoral la fiscalización de los citados recursos. La normativa 20-23 establece que los partidos deberán publicar constantemente un informe de ingresos y gastos manejados durante la campaña y ordena que cualquier donación o aporte no debe realizarse a nombre de otra persona o institución.
Abierta
Con este reglamento, la JCE dejó abierto formalmente el período de campaña política para las elecciones congresuales y presidenciales.
De acuerdo con la Ley de Régimen Electoral y con el calendario del órgano comicial, la campaña política queda abierta 70 días antes de las elecciones.
La promoción de las candidaturas deberá finalizar el jueves antes del día de las elecciones, es decir, el 16 de mayo.
El tiempo encuentra a los aspirantes y a las organizaciones preparándose para elaborar estrategias de publicidad y captar los votos en mayo.
Según la Ley 20-23, la campaña electoral es el conjunto de actividades organizadas y desarrolladas con el propósito de promover expresamente las propuestas electorales para la captación del voto a favor de los candidatos a los cargos electivos.
Para la actual campaña del 2024, los candidatos presidenciales deberán combinar la promoción de sus propuestas con las aspiraciones de los candidatos congresuales de sus respectivos partidos, tal como pasó en el proselitismo para las elecciones municipales.
Los candidatos
El actual periodo político arrancará con la promoción de las candidaturas de Luis Abinader, presidente del país y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Sus competidores serán Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo; Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Virginia Antares, de Opción Democrática; María Teresa Cabrera, del Frente Amplio; Fulgencio Severino, del Partido Patria para Todos (PPT); Carlos Peña, del Partido Generación de Servidores (GenS) y Roque Espaillat, del Partido Esperanza Democrática (PED).
El jueves, los partidos políticos y sus representantes acudieron ante la JCE para inscribir formalmente a sus candidatos presidenciales y congresuales, así como a las propuestas vicepresidenciales.
Preparación
Antes de que iniciara formalmente la campaña, los principales partidos y sus candidatos ya habían encabezado un proselitismo que se limitó meramente a las redes sociales de las organizaciones y los candidatos.
Disposiciones que ordena la Ley 20-23
Con el objetivo de regular el buen ejercicio político en la actual campaña electoral, la Ley 20-23, sobre el Régimen Electoral, establece una serie de pautas que deben cumplir los partidos y candidatos de cara a las elecciones de mayo.
En ese orden, la normativa prohíbe la difusión de propaganda electoral fuera del período establecido ni promocionar candidaturas en locales ocupados por los poderes públicos o en monumentos o construcciones de valor histórico.Además, ordena a los partidos realizar jornadas de limpieza y retiro de la propaganda electoral cuando pasen las elecciones, una acción que se hará en coordinación con la JCE. La ley también dispone la entrega de programas de gobierno y aspiraciones.
Fuente: DL
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