Margarita Rodríguez, la directora del Departamento de Motocicletas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), habla con ímpetu de la visión y planes que tiene para regular el tránsito de motores, un segmento del transporte nacional que, según sus cálculos, mueve a más de 7 millones de pasajeros al mes.

Esa cifra, que la calcula en función de unos 25 viajes al día que realizan unos 10,000 de los casi un millón de motoristas que han logrado inscribir en el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, es lo que la convence de que se trata de un sector que aporta al país y que, por ende, no puede ser obviado.

Su postura la defiende de manera frontal, aunque abierta a escuchar a quien tenga una idea mejor, a pesar de que no siempre ha tenido el apoyo de las autoridades del Intrant.

En una entrevista Rodríguez empieza señalando que, cuando el 1 de septiembre de 2020 fue designada por el presidente Luis Abinader, como directora de la zona Ozama Metropolitana del Intrant, esperó más de un mes antes de aceptar, poniendo como  condición el que también le dieran el departamento de los motores.

Su rol de presidente del Frente de las Mipymes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que trabajó en la campaña que llevó a Abinader al poder, le hacía conocedora del impacto que tiene el motoconcho para muchas empresas, un servicio sin el cual, lo mismo que el de deliveries (repartidores), muchas compañías se caerían en el país, afirma.

Rodríguez está consciente de la situación de incomodidad y riesgos a los que estos conductores someten a los demás usuarios de las vías públicas, pues ella misma dice que no conduce, aunque sabe, por el caos que generan los motoristas.   Pero el problema, dice, se acrecienta por la desatención que siempre hubo con ellos.

«Yo recibí dos millones y medio de motocicletas con un 75 % sin licencia». El dato lo sustenta en los resultados de un plan piloto de registro que hizo con 5,000 motociclistas del Gran Santo Domingo.

Como preámbulo a explicar el alcance del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, Margarita Rodríguez empieza criticando que el país no tuviera ninguna documentación sobre los motoristas. Ella les resta fiabilidad a las cifras de la Dirección General del Impuestos Internos sobre la cantidad de motores que hay (casi 3.3 millones a enero pasado), pues dice que ahí no se incluye a muchos que llegan por piezas y son ensamblados en el país.  También critica que en todo el país haya una sola escuela vial, que tiene cinco aulas.

«Yo lo que decido es segmentar los sectores que hay dentro del sector motocicletas y priorizo al que transporta personas, pues tiene más incidencia en daños», explica.

El registro, afirma, le permite saber dónde vive, cédula y matrícula de cada motorista. Además, ha llegado a acuerdos con ocho municipios de la provincia de Santo Domingo para establecer los reglamentos locales que, entre otras cosas, disponen el uso de un chaleco con código único que entregan los cabildos. Con ese código su Departamento certifica la parada, además de que establecieron  un GPS para cada uno de los que sirven en esos puntos. A la fecha llevan unos 100,000 motores regulados.

Sobre el comportamiento de los motoristas, dice que le exige un curso en la escuela vial, otro de administración de paradas y ha bancarizado a unos 10,000 (apertura de cuentas bancarias) como parte del proceso de regularización.

Otra idea que tiene Rodríguez, pero que todavía no le acogen, es que, el espacio destinado en la ciudad a las ciclovías, sea destinado a los motoristas a determinadas horas.

«Yo estoy dejando  el microtransporte del país organizado. Si yo lo elimino, afecto a esos miles de trabajadores que lo usan para poder llegar a su trabajo».

Multas a colmaderos 

En el caso de los que dan servicio a través de plataformas digitales, Rodríguez ya tuvo un acercamiento con las empresas, porque los conductores, además de andar a toda prisa para ganar premios, ocupan las esquinas. Los acuerdos adelantados con PedidosYa y Uber implica que estas empresas busquen centros de logística en los puntos de más demanda.

Con los delivery, la regulación se enfocará en los dueños del colmado. «Tú no tienes que hablar con el delivery, tú le metes una multa al dueño del colmado, porque es un empleado de él», dice. Adelanta que ya tiene acuerdos con tres asociaciones de dueños de colmados para explicarles la situación. «Pero eso lleva un reglamento que tengo que hacerlo en la institución que no piensa en eso».

Rodríguez dice que muchos motoristas están usando cascos que no los protegen, solo para evitar las multas.  Pretende exigir que cada motor se venda con el casco homologado, que resista golpes, pues -asegura- muchas agencias los venden a parte. Como los homologados pueden costar hasta 6,000 pesos, está proponiendo un bonocasco, para que, con un aporte del interesando de 1,000 pesos, el gobierno complete el monto.

Fuente: DL