QUITO, AP.— Dos coches bomba que explotaron en una zona comercial y financiera del norte de Quito, sin dejar víctimas ni heridos, volvieron a poner la atención en el aumento de la violencia en el país andino que sufrió el asesinato de un candidato presidencial a pocos días de las recientes elecciones.

Uno de los vehículos explotó la madrugada del jueves afuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad situada frente a una universidad. El segundo estalló la noche del miércoles en otra zona cercana donde anteriormente funcionaba la misma institución de control del sistema penitenciario, informó la policía.

Los hechos estarían relacionados con “varios traslados de privados de libertad” que se realizaron la víspera, declaró a la prensa el director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez.

Los aprehendidos, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás, sin embargo, fueron liberados con medidas sustitutivas, indicó la autoridad policial.

Entre los restos de las explosiones se encontraron cilindros de gas, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez. La zona permanece acordonada.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo al canal Teleamazonas que las explosiones estarían vinculadas con “acciones de seguridad que está tomando el gobierno”. Agregó que los antecedentes de los detenidos evidencian “la necesidad de que la justicia actúe de manera rápida, proba y con contundencia”.

“No vamos a ceder paso, que sea la paz, la calma y la seguridad la que vaya imperando en los ciudadanos”, enfatizó.

Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas.

Los hechos de violencia han ocurrido principalmente en ciudades costeras como Guayaquil y Esmeraldas.

El sistema penitenciario perdió en los últimos años el control de las grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios que dejaron decenas de muertos, y ha optado por trasladar a los reclusos para reducir los conflictos entre las pandillas.

Las autoridades ecuatorianas atribuyen el aumento de la violencia en el país durante los últimos tres años a un vacío de poder provocado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la pandilla local Los Choneros. Los miembros llevan a cabo asesinatos por contrato, realizan operaciones de extorsión, secuestros, mueven y venden drogas y gobiernan prisiones.

Los Choneros y grupos similares vinculados con cárteles mexicanos y colombianos pelean por territorios, rutas del narcotráfico y el control de los centros de detención, donde al menos 420 reclusos han muerto desde 2021.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien tenía una postura notoriamente dura contra el crimen organizado y la corrupción, fue asesinado el 9 de agosto al final de un mitin político en el norte de Quito a pesar de tener un grupo de seguridad que incluía policías y guardaespaldas.

Había acusado a Los Choneros y a uno de sus líderes, Adolfo Macías, a quienes vinculó con el Cártel de Sinaloa de México, de amenazarlo a él y a su equipo de campaña días antes del asesinato.

La Policía Nacional del país contabilizó 3.568 muertes violentas en los primeros seis meses de este año frente a las 2.042 reportadas durante el mismo período de 2022. El año pasado terminó con 4.600 muertes violentas, la tasa más alta de la historia del país y el doble del total de 2021.

Guayaquil ha sido el epicentro de la violencia, pero Esmeraldas, una ciudad costera del Pacífico, también es considerada una de las más peligrosas del país. Allí, seis vehículos gubernamentales fueron incendiados a principios de esta semana, según las autoridades.