La vapuleada Cámara de Cuentas cambia de mando

Acorralada y arrastran­do un nivel de descrédito sin precedentes, zarandea­da por las críticas y la sos­pecha pública, la Cámara de Cuentas acaba de su­perar momentos oscuros, al dar un gran salto con nuevos miembros y asu­mir una misión desafian­te, mientras los ciudadanos han optado por colgar sus esperanzas en el rigor del juramento de honor de los nuevos incumbentes.

El Senado dominica­no escogió ayer a los cinco miembros del ente fiscali­zador del Estado, recayen­do la presidencia de ese or­ganismo en Janel Andrés Ramírez.

El nuevo titular de la Cá­mara formará quinteto con Elsa Catano, vicepresiden­ta; Tomasina Tolentino Mc­kenzie, secretaria, además de Mario Fernández Bur­gos y Elsa María Peña Peña.

Todos concluyeron el proceso de evaluación co­rrespondiente, a cargo de una comisión senatorial es­pecial, lo que deja ahora a los cinco en su camino pa­ra ejercer sus funciones en el ente fiscalizador del Es­tado durante un período de cuatro años, según manda la Constitución de la Repú­blica.

La pasada gestión de la Cámara de Cuentas estuvo en el “ojo del huracán” por las investigaciones al com­portamieto de la adminis­tración de Hugo Álvarez, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Cor­porán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Her­nández.

La Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal, de los re­cursos públicos y procesos administrativos y del pa­trimonio público, fue cues­tionada por buena parte de la ciudadanía y sectores de la sociedad civil, esta insti­tución, al protagonizar es­cándalos que han puesto en tela de juicio su opera­ción y existencia.

En enero de 2007, el ple­no, encabezado por su pre­sidente Andrés Terrero, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de co­brar RD$300,000 a más de RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiem­po a espera y la medida fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.

Posteriormente, el pleno fue sometido al escarmien­to y a un juicio político, ba­jo acusaciones de lucha de intereses en el mane­jo de las auditorías, distri­bución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irre­gulares sin las licitaciones adecuadas.

Con estos actos, los ti­tulares, que fueron re­nombrados por la opinión pública como “los apandi­llados”, fueron señalados por violar las leyes 10-04, de la Cámara de Cuentas, la 41-08, de Función Públi­ca, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Luego de iniciado el jui­cio político, Terrero y los miembros del pleno re­nunciaron a sus cargos.

Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Ma­ceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Bri-to, Luis Yépez Suncar, José Altagracia Gregorio, Ulises de Beras de la Cruz y Alci­des Benjamín.

En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragi­lidad de una votación que conforme a la Constitu­ción de la República con la 3/4 de la votación se pue­de destituir a cualquiera de nosotros”.

Sueldos y escándalo
Otro escándalo se susci­tó en marzo de 2017, prác­ticamente al inicio de esta actual gestión, encabeza-da por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la Cámara.

El sueldo de Álvarez Pé­rez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los de­más miembros, conforma­dos por Pedro Ortiz Her­nández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Mar­garita Melenciano Corpo­rán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pe­sos.

No obstante, Álvarez Pérez justificó, a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rubén Mal­donado, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador salarial instituido median­te una resolución del 2013, es decir, con el pleno pasa­do.

Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al repor­tar millones de pesos en al­muerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y dona­ciones.

Y se registraron gastos en compras de bebidas al­cohólicas, mayormente vi­nos, champagne y whisky.

Allanamiento
En febrero de este año, la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca) realizó un alla­namiento en la Cámara de Cuentas que duro más de once horas, una acción que fue denominada co­mo “Operación Caracol”.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que en esa entidad se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titu­lares, para encubrir actos que quebrantan la ley.

Conflictos por asuntos de competencia
La acción de conflicto de competencia, como la que ha planteado la Cámara de Cuentas frente al Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es cues­tión poco abundante en la jurisdicción constitucional.

Durante los nueve años de funcionamiento, el Tri­bunal Constitucional ha dictado alrededor de ocho sentencias que resuelven conflictos de competencia entre diversas entidades, principalmente en el ámbi­to municipal y electoral.

Los choques se han pro­ducido, principalmente, en­tre ayuntamientos, y entre la Junta Central Electoral (JCE) con algunas institu­ciones públicas y el TSE.

Algunas demandas han sido acogidas. Otras fueron rechazadas y declaradas in­admisibles.

El Tribunal Constitucio­nal ya ha fijado un criterio que tendrá la oportunidad de ratificar o modificar.

En la sentencia TC-0061-12, del año 2012, esta­bleció que el conflicto de competencia consiste en la controversia por la titulari­dad de la competencia asig­nada por la Constitución a los órganos o personas de derecho público, y esto puede referirse a la jerar­quía, la territorialidad o las funciones.

Fuente: Listín Diario

 

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