Los casos de supuesta corrupción administrativa que ha sometido el Ministerio Público a los tribunales habrían generado una pérdida para el Estado dominicano que supera los 15,000 millones de pesos, conforme las estimaciones que hacen los investigadores. Sin embargo, los abogados contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar los recursos sustraídos se proponen reclamar una indemnización de unos 40 mil millones, por los daños y perjuicios causados al erario.

El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, que encabeza Jorge Luis Polanco Rodríguez, “busca recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo”.

Desde el caso Antipulpo, primero que instrumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) luego de la designación en 2020 de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República, son varios los expedientes que describen presuntos entramados para estafar el patrimonio público. Soborno, falsificación de documentos, lavado de activos y colación de funcionarios están entre las maniobras que se atribuyen a los encartados.

Todavía sumando

Actualmente, el Ministerio Público tiene abierta una investigación por supuestas irregularidades en el Ministerio de Hacienda que se habrían cometido en la gestión de Donald Guerrero. De acuerdo a documentos de la investigación, dicho fraude ascendería a unos 17,000 millones de pesos.

De comprobarse los delitos que señala el Ministerio Público, en solo cinco de esos casos, el Estado ha perdido unos 15,500 millones de pesos, en las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G, 13 y Medusa.

El 16 de diciembre de 2021, el Ministerio Público presentó ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación del Caso Antipulpo, un expediente de unas 3,500 páginas en las que se acusa Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos.

Aunque el en el expediente no se cierra una cifra del monto del fraude, las mismas autoridades del Ministerio Público han dicho que serían sobre los 10,000 millones de pesos.

Los abogados contratados por el Ejecutivo buscan la restitución e indemnización al Estado de 23,903,465,542.00 pesos “como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos”.

En mayo pasado, el Ministerio Público también presentó acusación contra 48 imputados, 30 personas físicas y 18 jurídicas, por los conocidos como casos Coral y Coral 5G.

Según la acusación, el grupo, que tiene como figuras principales al mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, habría defraudado al Estado con más de 4,000 millones de pesos. Por estos casos, el Estado reclama 6,000 millones de pesos.

El Ministerio Público presentó en marzo de este año la acusación contra 11 personas involucradas en el presunto fraude a la Lotería Nacional y a las bancas de juegos de azar, cuyo monto defraudado asciende a más de 500 millones de pesos.

Por este hecho fueron imputados el propio administrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent junto otros empleados de esa dependencia. El monto que reclama la parte civil constituida es de unos 600 millones de pesos.

El valor de lo defraudado al Estado en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, supera los 1,000 millones de pesos, según lo declarado por el titular del Pepca, Wilson Camacho.

Aquí, los abogados del Estado dicen que pedirán una reparación económica de 9,200 millones de pesos.