El contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam S.R.L. para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo contempla pagos adicionales, no especificados, a los 1,317 millones de pesos por servicios de soporte, traslados y reparaciones de equipo en intersecciones en otros puntos del país.

Otros pagos adicionales, cuyos montos no se consignan, son por los «licenciamientos y softwares» preinstalado en las cámaras adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.

Estos pagos, que deberían realizarse a lo largo de cinco años, comprometen el presupuesto de la institución contratante y los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que se fiscalizarían con las cámaras instaladas en los semáforos.

«El Intrant se compromete a realizar los pagos adicionales a favor de la Prestadora de Servicio, por concepto de Soporte 24/7, traslados y reparaciones de equipos a intersecciones en otros puntos del país mediante la evaluación del servicio, cotización, presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Dichos pagos serán realizados por el Intrant con los fondos del presupuesto anual de la Institución», expresa el artículo 5.3 del contrato.

Sobre las licencias y los softwares el artículo 5.3.1 refiere que para dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución y la Ley Núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, así como las leyes y tratados internacionales que rigen los aspectos de licencias y software informáticos, se utilizará el software «Claudia», el cual está preinstalado en las cámaras de detección adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.

«El Intrant se compromete a realizar el pago a favor de la Prestadora de Servicio, mediante la presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Por el uso de dicha herramienta se erogará un pago mensual a la prestadora del servicio el cual se saldará con los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que fiscalizaran las mencionadas cámaras», se estableció.

Lo que dice el artículo 11 de la Ley 340-06

El artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece que las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si este ya se hubiere celebrado.

335 semáforos en GSD

El representante de la empresa Transcore Latam SRL, Pedro Vinicio Padovani Báez, indicó que actualmente hay 335 semáforos en el Gran Santo Domingo, con seis drones contratados para fortalecer el sistema de control del tráfico. Este servicio se llevaba a cabo de la mano de un sistema de monitoreo, el cual, aunque actualmente opera desde su compañía, debería estar al mando del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Explicó que todo el monitoreo lleva una información visual proporcionada por los drones, especialmente en situaciones complicadas. Destacó la versatilidad de la tecnología, la cual permite incluso la grabación de videos en tiempo real para evaluar situaciones específicas.

Padovani también abordó sobre la renovación de los semáforos, explicando cómo se pintaron y actualizaron para mejorar la visibilidad y homogeneidad del sistema. La luz más grande es de 300 milímetros.

Este martes el TSA conoce la primera audiencia del caso

Este martes 5 de diciembre, a las dos de la tarde, será conocida en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la primera audiencia sobre la solicitud de «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato firmado por Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L. La empresa llevó a los tribunales al órgano rector de las compras y contrataciones que decidió, previa investigación, anular por una serie de ilegalidades, el procedimiento para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con una inversión superior a los 1,317 millones de pesos.Los abogados de la empresa han solicitado una «medida cautelar anticipada administrativa» en busca de que se anule la Resolución RIC-156-2023 de la DGCP que suspende, de oficio, el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.

Fuente: DL