Diputados son los que decidirán Cámara de Cuentas; Janel Ramírez se defiende
La decisión de un grupo de diputados de recomendar a la Cámara Baja someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas ha generado el rechazo de la oposición y de la sociedad civil, mientras el presidente de ese organismo dijo que aún desconoce cuáles son las imputaciones.
La oposición y el oficialismo están enfrentados por esta disposición, aprobada por diputados del Partido Revolucionario Moderno y rechazada por los del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo.
El diputado Gustavo Sánchez, miembro de la comisión especial designada para investigar a la Cámara de Cuentas, asegura que, luego de escuchar a cada uno de los jueces y de verificar los documentos que presentaron, no encontró motivos para un juicio político que los pueda inhabilitar para ejercer cargos públicos por diez años.
A sabiendas de la gravedad de la situación, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, espera conocer el informe que rendirá la comisión ante el pleno de la Cámara de Diputados para saber en detalle de qué se acusa a cada quién.
Advirtió que las imputaciones deben ser hechas de manera particular a cada uno de ellos y que, cuando se es cuestionado por una decisión que tome el pleno, los encartados deben ser quienes votaron a favor de esas decisiones.
Pide imputaciones individuales
«Las imputaciones deben ser individuales y sólo cuando se trate de decisiones del pleno los responsables son quienes han votado a favor de decisiones, siempre que éstas estén al margen del derecho administrativo y de cualquier otra índole vinculante», indicó Ramírez a Diario Libre.
El presidente del organismo auditor defendió su integridad individual, al margen de lo que el resto de sus colegas hayan hecho.
«Ahora, gracias a la Constitución del 2010, hay derechos para los miembros que actúan correctamente que no existían antes de la Constitución del 2010. No se puede apoyar que paguen justos por pecadores. Estamos y estaremos firmes actuando de conformidad a la ley y las consideraciones del derecho administrativo y constitucional», afirmó el presidente de la Cámara de Cuentas.
A fin de que sea reveladas los intríngulis del conflicto entre los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, Ramírez remarcó: «La ciudadanía debe exigir liberación de los audios y sesiones del pleno, para que vean el correcto o incorrecto accionar de sus miembros».
¿Una decisión del PRM?
La determinación de proponer al pleno de la Cámara de Diputados un juicio político fue aprobada por 9 de 11 legisladores que estuvieron presentes en una reunión que duró 4 horas el sábado. Según el diputado Sánchez, todos esos votos responden al partido de gobierno.
De los 17 miembros que la integran, 7 son del PRM, 4 son del PLD, 1 de Fuerza del Pueblo, 1 del PRSC, 1 de Dominicanos por el Cambio, 1 del PQDC, 1 de Opción Democrática y 1 del PRD. Pero a las votaciones asistieron sólo 11 y el presidente de la comisión, el diputado reformista Rogelio Genao Lanza, no quiso revelar quiénes votaron a favor.
«Los nueve votos a favor son votos oficialistas, o sea, todos los oficialistas estuvieron ahí… Esa Cámara de Cuentas es del PRM, esa Cámara de Cuentas la eligió un Congreso compuesto mayoritariamente por el PRM. El PLD no tiene vela en ese entierro que se pudiera decir que estamos protegiendo a nadie», acotó Sánchez.
Celeridad
En el mismo orden de ideas, Tobías Crespo, diputado de FP, considera que hay una intención del PRM y del presidente Luis Abinader de sustituir el pleno de la Cámara de Cuentas.
«Hay una celeridad, al parecer, del presidente Luis Abinader y del PRM, de querer poner una Cámara de Cuentas a su antojo, para que esa Cámara de Cuentas por los próximos cuatro años les sea favorable porque no tienen los números, no les dan los números para ganar las elecciones y están desesperados», opinó.
Aseguró que los argumentos que se expusieron fueron muy débiles y que hace falta buscar elementos y evidencias contundentes. Para él, no hay condiciones para que se pueda presentar un informe de cualquier tipo dentro de la Cámara de Diputados que sirva al hemiciclo para llegar a una decisión final.
En tanto Genao, presidente de la comisión especial, destacó que es el Pleno de la CD que tendrá la decisión final de si procede la acusación o no de un juicio político ante el Senado contra los miembros de la Cámara de Cuentas.
«El detalle de las faltas van a ser dadas en el informe, pero se encontraron algunas faltas colectivas e individuales», explicó Genao.
Diez años
La Constitución dominicana establece que la declaración de culpabilidad en juicio político deja al funcionario destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar funciones públicas, sea o no de elección popular, por término de diez años.
Si la Cámara de Diputados acoge la propuesta de la comisión de acusar al pleno ante el Senado, harán falta dos terceras partes de los votos de los senadores para hacer efectiva la destitución. Los expulsados quedarán sujetos, «si hubiere lugar, a ser acusados y juzgados por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley».
Sociedad civil dice es retrocesoLa coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez Padilla, lamentó que los legisladores «no hayan podido buscar una salida que no sea la de un juicio político a esta altura del juego, cuando falta tan poco tiempo para que se termine su período». Para ella, se hace muy difícil y complicado elegir cinco nuevos miembros que no se saben quiénes serán y en medio de un proceso electoral que ya comenzó. Está convencida de que un período de transición podría afectar las decenas de auditorías que realiza esa entidad y el proceso de enjuiciamiento de funcionarios por corrupción que realiza el Ministerio Público. «Parecería ser que efectivamente en la Cámara de Cuentas hay personas relacionadas y ligadas con intereses de casos que están siendo investigados, y este juicio político a la Cámara de Cuentas puede realmente afectar todo este proceso de investigación», reflexionó la activista.
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