El Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional ratific\u00f3 la medida de coerci\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva en contra de los imputados en el\u00a0caso Medusa.<\/p>\n
Aunque los imputados\u00a0Jean Alain Rodr\u00edguez\u00a0y\u00a0Javier Forteza Ibarra, estuvieron en la audiencia no le correspond\u00eda la revisi\u00f3n de la medida de coerci\u00f3n este viernes como consecuencia de que su medida hab\u00eda sido confirmada recientemente por la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional, explic\u00f3 el procurador Wilson Camacho.<\/p>\n
La jueza Solange V\u00e1squez, del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, le confirm\u00f3 las medidas de coerci\u00f3n a los dem\u00e1s imputados, ordenando la revisi\u00f3n obligatoria el 28 de enero de 2022.<\/p>\n
En cambio, la comparecencia de\u00a0Rodr\u00edguez y Forteza Ibarra para estos fines ser\u00e1 el pr\u00f3ximo 8 de diciembre.<\/p>\n
Desde julio pasado el exprocurador Rodr\u00edguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodr\u00edguez Imbert cumplen 18 meses de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de Najayo Hombres, en San Crist\u00f3bal, por disposici\u00f3n de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional.<\/p>\n
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Pe\u00f1a y Altagracia Guill\u00e9n Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel Jos\u00e9 Moya, a quien le fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica de RD$1 mill\u00f3n en modalidad de contrato, a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda aseguradora, impedimento de salida y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica.<\/p>\n
Respecto a\u00a0Rafael Stefano Can\u00f3 Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodr\u00edguez S\u00e1nchez arrestado en Espa\u00f1a, el Ministerio P\u00fablico\u00a0ya hizo el tr\u00e1mite de la solicitud para su entrega a Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupci\u00f3n que oper\u00f3 desde la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y que, seg\u00fan estimaciones preliminares, estaf\u00f3 al Estado dominicano con m\u00e1s de seis mil millones de pesos.<\/p>\n
El \u00f3rgano acusador les imputa la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal, que describen y sancionan la coalici\u00f3n de funcionarios, prevaricaci\u00f3n, asociaci\u00f3n de malhechores y estafa contra el Estado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, enfrentan cargos de infracci\u00f3n al art\u00edculo 3, p\u00e1rrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los art\u00edculos 171 y 172 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como a los art\u00edculos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, por haber incurrido en actos de acceso il\u00edcito, da\u00f1o o alteraci\u00f3n de datos y sabotaje.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico acusa al grupo, adem\u00e1s, de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.<\/p>\n
El exprocurador Rodr\u00edguez S\u00e1nchez y sus colaboradores y relacionados est\u00e1n imputados, asimismo, de infringir varios art\u00edculos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n
Fuente: Diario Libre<\/p>\n